Según el diagnóstico presentado por el undécimo informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el cual pone en manifiesto las irregularidades en las que estaría incurriendo el accionar de dicha ley. El estudio propone algunas sugerencias entre ellas, invitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la comunidades mapuches a las cumbres de seguridad. 

El estudio recoge las quejas de las comunidades de la zona, e incluye que desde la muerte del matrimonio Luchsinger-Mckay en enero, el actual Gobierno ha priorizado la gestión del conflicto mapuche desde una "óptica represiva, donde se mostraría una falta de voluntad política para solucionar los problemas de tierras con los comuneros mapuches.

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